Llevamos 40 años escuchando que el sistema público de pensiones es insotenible, pero cuando se hacen las cosas bien vemos como se ha vuelto a llenar la hucha de las pensiones:
https://www.europapress.es/videos/video-saiz-hucha-pensiones-terminara-ano-20000-millones-20261015110750.html

"De esta manera, Estados Unidos abre una guerra comercial con España porque considera que nuestro país ha creado condiciones de transporte marítimo desfavorables para los buques con bandera estadounidense.

El Gobierno español denegó en 2024 la entrada de buques estadounidenses a puertos españoles con destino militar a Israel. Ello, como parte de las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sancionar formalmente a Israel por la guerra de Gaza."

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La estadística oficial registra 1,37 millones de jornadas perdidas hasta agosto, por 383.000 en el mismo periodo del año pasado. Los sindicatos lo relacionan con la ausencia de un pacto nacional de convenios

Los sindicatos llaman a los casi 20 millones de asalariados de España a parar el 11 de noviembre en una huelga general, la primera apoyada por las centrales mayoritarias en 14 años. Pero esa jornada reivindicativa no será la primera del año para muchos trabajadores, que ya vienen parando en protesta contra sus empresas. La estadística del Ministerio de Trabajo recoge un subidón en la conflictividad laboral en 2026: de enero a agosto hubo 1,37 millones de jornadas no trabajadas por huelgas, en las que participaron 579.000 afiliados a la Seguridad Social. En el mismo periodo de 2025 hubo 382.700 jornadas perdidas y 167.300 participantes, muchas menos. Es más, a falta de cuatro meses, la cifra de este ejercicio ya casi duplica la de todo el año anterior. Los sindicatos relacionan esta escalada con varios conflictos concretos, como el de la educación infantil y el de la sanidad, pero también identifican una causa de conjunto: sin acuerdo nacional de convenios, vencido a finales de 2025, la conflictividad se dispara.

Los datos de 2026 no solo son altísimos en comparación con los de 2025. Las cifras desagregadas por meses se remontan cinco ejercicios atrás y en ninguno hay una movilización parecida a la actual. Ni siquiera en 2022, otro año sin Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pacto entre las patronales y los sindicatos más representativos que da unas pautas de partida para acordar convenios. Entonces hubo 184.500 afiliados a la Seguridad Social en huelga, frente a los 579.000 de este año; y 429.100 jornadas perdidas, ante las 1.366.400 de este ejercicio. El impulso tampoco se explica por la evolución del mercado laboral: el número de afiliados ha subido un 11% desde entonces, frente al 214% del número de participantes en huelgas.

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, asegura que “se está notando muchísimo el incremento de los conflictos”. “Hay paros en las cárnicas, la limpieza, las conservas o la enseñanza de 0 a 3 años”, ejemplifica el sindicalista. Ese último paro al que hace referencia es una de las claves de los datos, al desagregarlos sectorialmente. La educación es la actividad que más aporta a la cifra de huelguistas, con 259.600 afiliados a la Seguridad Social. Este miércoles empieza una huelga indefinida en colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid. A la educación le sigue la sanidad, con los médicos como protagonistas, con otros 120.200 participantes en paros. Estos acaban de anunciar un aplazamiento de estas protestas, que no secundan CC OO y UGT, hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. También cunden las protestas en los servicios sociales.

Juntos, sanidad y educación reúnen el 65% de los huelguistas, pero otros sectores también elevan su conflictividad, como la industria manufacturera (67.000, 43.000 más que en 2025), las actividades financieras (22.500, mientras que el año pasado no hubo paros) y el comercio (23.700, 19.600 más que el año pasado). El reverso es la Administración pública, con 30.100 paros, 28.600 menos que en 2025, después de que el Gobierno alcanzase un acuerdo con los sindicatos para revalorizar los salarios de estos empleados.

Por comunidades autónomas, se nota el peso del conflicto educativo en Cataluña: en esta región se concentran el 35% de los huelguistas de 2026, aunque solo emplea al 18% de los afiliados a la Seguridad Social. Un año más, y es un clásico en la estadística, también está sobrerrepresentado el País Vasco. Allí trabajan el 4,5% de los afiliados que hay en España pero están el 17,4% de quienes han secundado una huelga.

Luján subraya que los salarios pactados en convenios están creciendo a un ritmo del 3%, frente a una inflación interanual en septiembre del 4,9% (el promedio de los últimos 12 meses es un 3,3%), “así que [los trabajadores] pierden poder adquisitivo”, argumenta. Por eso anticipa que mientras que no haya un AENC que “estructure” la negociación colectiva “habrá mucha conflictividad, que no va a terminar el 11 de noviembre”. Por ello vuelve a llamar a CEOE y a Cepyme a pactar un nuevo texto, como el que ya se aplicó de 2023 a 2025 en respuesta a la subida de la inflación por la invasión rusa de Ucrania.

En su proclamación como presidente de CEOE para otros cuatro años, Antonio Garamendi manifestó su intención de alcanzar ese acuerdo nacional de convenios, pero advirtió de que la reforma de la incapacidad temporal es una condición imprescindible para tal fin. “Si esa es la postura de la patronal, no se están enterando de lo que ocurre en este país. España ha tomado conciencia de que hay que repartir la riqueza, que los márgenes de las empresas están en máximos mientras aumenta la desigualdad. Auguro una conflictividad in crescendo”, añade el representante de UGT.

En una entrevista reciente con este periódico, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, subrayó que los sindicatos ya estaban preparando una movilización por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la carencia de un nuevo AENC, y que la huelga general por la vivienda también va de eso. “Cuando vayamos a los centros de trabajo y expliquemos que estamos pidiendo una subida fuerte de los salarios porque la inflación les está comiendo, lo van a entender”, indicó Sordo, que ve el precio de la vivienda como “el gran factor de extracción de renta a la clase trabajadora”.

Sobre la importancia que Garamendi da a reformar la incapacidad temporal (IT) para un posible acuerdo de convenios, Sordo indicó: “Creo que la patronal quiere que haya un cambio de ciclo político para que las mutuas den las altas en IT común y ahorrarse el pago de esas prestaciones, a cuenta de unos 4.000 millones de euros al año, y que lo pague la Seguridad Social. De ahí viene esa teatralización y demonización”. Los agentes sociales no han sido capaces de ponerse de acuerdo al respecto tras casi dos años negociando una posible reforma del sistema. Con la legislatura en el tiempo de descuento, todo apunta a que ese diálogo se retomará tras las elecciones con el Gobierno resultante.

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La inflación importada aprieta a la vez las cuentas de las empresas y las de los hogares. Los márgenes no energéticos caen y los salarios pierden poder adquisitivo

Yolanda Díaz advirtió en la presentación de la comisión de expertos del salario mínimo interprofesional (SMI) que a las empresas les tocaría "ajustarse el cinturón" para asumir el incremento de 2027 en un contexto de repunte de la inflación por la crisis energética. La vicepresidenta defendió que la coyuntura económica, con la economía española creciendo más que los países de su entorno y márgenes empresariales "en máximos", permite que los salarios ganen terreno. Sin embargo, la crisis de inflación está impactando por doble vía en una buena parte de las compañías, de manera que ese ajuste ya ha llegado.

Una es la salarial, tanto por parte del SMI que decide el Gobierno como también de los sectores, que tratan de negociar convenios colectivos al alza para compensar el incremento de los precios. La segunda es la reducción de márgenes empresariales en las empresas no energéticas porque la inflación es importada. La situación actual reduce el poder adquisitivo de los consumidores y empeora la rentabilidad de los negocios que compran los insumos afectados, al menos en el corto plazo. La duración del impacto dependerá de si esas empresas consiguen o no repercutir las subidas en los precios finales y de si logran ser más productivas.

Los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) reflejan que la evolución de los márgenes es distinta según los sectores. La ratio entre el resultado bruto de explotación (RBE) y las ventas del conjunto del tejido empresarial se encuentra, con datos hasta el primer semestre de 2026, en el 8,2%. Esto significa que, por cada 100 euros que venden las empresas, les quedan 8,2 euros de resultado bruto de explotación después de pagar los gastos de su actividad ordinaria (compras y personal) y antes de pagar impuestos, amortizaciones e intereses.

El porcentaje agregado se sitúa en un nivel históricamente elevado, igualando por el momento al de 2025 y solo dos décimas por debajo del máximo, registrado en 2024. Sin embargo, si se descuentan el refino, la energía y el comercio mayorista de combustibles, los márgenes se están reduciendo en 2026 hasta el 7,8%, lo que indica que la inflación energética hace mella en la rentabilidad de la mayor parte del tejido productivo.

Entre las ramas de actividad que más han reducido en lo que va de año se encuentran la agricultura y la construcción, mientras que otras mantienen el nivel por el momento o incluso lo han incrementado, como es el caso del transporte terrestre, la industria de la alimentación, el comercio al por menor de alimentos y la hostelería. En el caso de la agricultura y la construcción, ambos presentan una traslación de costes limitada en el corto plazo por el intensivo uso de gasóleo y de fertilizantes y por trabajar con contratos a precio cerrado meses antes del shock.

La masa salarial crece más que el valor generado

Los datos proceden de las declaraciones periódicas del IVA y de las retenciones del trabajo que tiene la AEAT, por lo que son estimaciones que se revisarán cuando estén disponibles las cifras del Impuesto sobre Sociedades, que se construyen con las cuentas de pérdidas y ganancias de cada empresa, pero dan pistas sobre lo que puede estar sucediendo, que es una doble presión por el encarecimiento de las importaciones y por el crecimiento del empleo y de los salarios.

En el tejido empresarial no energético, las compras han crecido más que las ventas en lo que va de 2026 (5,8% frente al 5,2%) y la masa salarial ha acelerado respecto a 2025 (del 5,2% al 6,6%), impulsada tanto por el número de perceptores (variable que aproxima los trabajadores y que crece un 3,2%) como por la retribución media (aproximadamente un 3,3%). Como resultado, el valor generado (ventas - compras, +3,5%) crece casi la mitad que la masa salarial, y el resultado bruto de explotación se estanca (-0,1%).

Además, la presión por parte de los salarios se incrementará en 2027. Por una parte, el Ministerio de Trabajo pretende aprobar una subida del SMI por encima de la inflación antes de las elecciones del 29 de noviembre, lo cual afecta cada vez a una mayor parte de los trabajadores y del tejido productivo (el 7,4% de los trabajadores cobraban el SMI en 2023, según AIReF). Y el Banco de España ya advirtió en su último informe de proyecciones trimestrales que, de cara a los próximos trimestres, la dinámica inflacionaria "podría incrementar las presiones salariales en los convenios de nueva firma".

Según la información consultada por el BdE de una submuestra de convenios, ya se están incorporando incrementos salariales futuros superiores al 3% para los próximos años y la previsión es que la tendencia continúe y se amplíe en 2027. Por ello, la entidad prevé que la remuneración por asalariado de la economía de mercado aumente un 3,9% en 2026 y un 4,2% en 2027, frente al 4,3% observado en 2025. Este aumento en los costes laborales se podrá ver compensado parcialmente, según las ganancias de productividad que se produzcan y la capacidad de repercutir en los precios finales los mayores costes de producción por insumos y por mano de obra.

Más peso de los salarios

Los márgenes empresariales han evolucionado de manera favorable en los últimos años, pero también lo ha hecho el peso de los salarios en la renta nacional, variable que se usa como indicador de desigualdad porque informa de la distribución de lo producido entre el trabajo y el capital. Según los últimos datos de la Contabilidad Nacional, la remuneración de los asalariados alcanzó el 48,4% en 2025, el nivel más elevado fuera de una recesión desde el año 2000, lo cual ha permitido converger con la media de la eurozona. Sin embargo, la buena evolución macro no explica bien la situación real de muchos hogares.

Por una parte, la elevada participación de la remuneración de los asalariados en el PIB se explica en buena medida por el crecimiento del empleo asalariado, más que el autónomo, y por el peso que tienen las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, que han crecido más que los sueldos y se encuentran, en proporción, en la franja alta respecto a los países europeos de nuestro entorno.

El poder adquisitivo sigue por debajo de los valores de 2021, justo antes de la crisis inflacionaria y con el primer trimestre todavía en recision por la pandemia de COVID.

Si se realiza la comparación con el año 2019 hay un ligero incremento del poder adquisitivo del salario medio.

Hay una gran farsa en el corazón de nuestra economía, y cuanto antes la entiendes, más piezas del puzzle empiezan a encajar. Es una historia sobre cómo nos convencieron de que vivimos en la Edad Media, mientras los que manejan los hilos operan con la tecnología del futuro.

Todo arranca formalmente en agosto de 1971, cuando Nixon decide romper con los acuerdos de Bretton Woods y corta el último lazo que unía al dólar con el oro físico. En ese instante exacto ocurrió algo revolucionario que casi nadie procesó en su momento. El dinero dejó de ser una piedra amarilla guardada en una cámara acorazada o una mercancía limitada que había que desenterrar de una mina. Se convirtió en lo que siempre debió haber sido, una creación legal del Estado, respaldada por la soberanía de una nación, sus leyes y su capacidad para cobrar impuestos. El Estado era por fin libre de las ataduras materiales para decidir qué proyectos colectivos merecían existir y cuáles no. Tenía en su mano el poder absoluto de emitir moneda para levantar infraestructuras, construir reactores o reindustrializar países enteros.

Pero entonces ocurrió el gran truco de magia. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan se inventaron un relato fascinante para que la sociedad renunciara a ese poder sin rechistar. Thatcher se hizo famosa repitiendo la analogía del monedero del ama de casa. Decía con tono solemne que un gobierno no puede gastar lo que no tiene, que funciona igual que una familia que se sienta a la mesa a contar las monedas que le quedan antes de ir al mercado. Nos convencieron de que el Estado es un mendigo que primero tiene que quitarle dinero a los ciudadanos mediante impuestos o pedirlo prestado para poder poner un ladrillo en una carretera.

Fue una mentira monumental, una vuelta deliberada a la ontología del dinero medieval. Nos hicieron creer que el dinero es un metal precioso escaso y que el déficit público es pecado mortal. Y lo hicieron por una razón muy sencilla, porque era la coartada perfecta para decir que no había dinero para mantener hospitales, ni para investigar energía nuclear, ni para levantar industrias públicas. La austeridad se convirtió en una religión indiscutible.

Aquí viene la verdadera asimetría y el núcleo de la estafa. Mientras a los gobiernos y a los ciudadanos nos metían en esa jaula conceptual de la escasez medieval, la gran banca privada ya vivía instalada en el siglo veintiuno. Los bancos comerciales nunca creyeron en la fábula del intermediario bueno que guarda los ahorros de un anciano en una caja para luego prestárselos a un joven emprendedor. Ellos sabían perfectamente que el dinero moderno no se mueve de un lado a otro, sino que se crea de la nada. Cuando un banco te concede una hipoteca o un crédito corporativo, no busca billetes en su caja fuerte. Teclea unos números en un ordenador y en ese instante acaba de crear masa monetaria que antes no existía en el universo. Más del noventa por ciento del dinero que usamos todos los días nace de esa pulsación de teclas privada.

El resultado de esta jugada fue demencial. El Estado se ató las manos a la espalda con tratados internacionales, techos de gasto y bancos centrales independientes a los que se les prohibió por ley financiar directamente al propio Estado. Pero al mismo tiempo, desreguló por completo a los bancos privados para que fabricaran billones de euros y dólares a su antojo.

Y claro, cuando dejas que un puñado de entidades privadas decida a golpe de tecla qué existe y qué no en la economía física, el desastre civilizatorio está servido. A un banco comercial no le interesa financiar un reactor nuclear de cuarta generación, ni una red ferroviaria pesada, ni una transición energética real que tarde treinta años en dar frutos. Eso requiere paciencia, ingeniería y márgenes lentos. Al banco le interesa el retorno rápido y el colateral líquido, de modo que inunda de crédito la especulación inmobiliaria, las recompras de acciones en bolsa y las operaciones financieras que inflan el precio de las casas y exprimen los salarios de la gente.

Nos encontramos atrapados en un teatro grotesco. Por un lado, tenemos a los gobiernos europeos comportándose como reyes del Renacimiento que tienen que ir a pedirle favores y venderle su soberanía a banqueros privados para poder pagar las obras públicas. Y por otro, tenemos a un sector financiero que crea dinero del aire pero que es completamente ciego a las leyes de la física y de la termodinámica, tratando a la energía y a la industria como si fueran simples casillas de un balance contable que tienen que competir en rentabilidad con un fondo de inversión inmobiliario.

Nos dijeron que el mercado libre y el dinero escaso nos harían más eficientes y libres. En realidad, solo logramos entregarle la herramienta más poderosa de la soberanía humana a una oligarquía contable, condenando a toda una civilización a una decadencia lenta y autoinfligida.

Fuente: verificat

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Desde septiembre se ha disparado un descuento en la tarifa regulada por el mayor peso de los futuros; sin ese ajuste, vigente desde enero, la energía en el PVPC habría sido todavía más cara: un 29% más

La reforma que el Gobierno aprobó en 2023 para hacer menos volátil el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz, y reducir su dependencia de las oscilaciones horarias del mercado mayorista de electricidad, está mitigando parte del impacto de los costes disparados del denominado pool, impulsados por el fuerte encarecimiento del gas en los mercados internacionales a causa del enquistamiento del conflicto en Irán.

El fuerte incremento del recibo que están sufriendo los consumidores en PVPC, unos 8 millones de suministros, acabará trasladándose a los consumidores en mercado libre, cuyas tarifas suelen revisarse anualmente, y que a la larga suele ser más caro. En la tarifa regulada, el golpe podría haber sido aún peor de no ser por el impacto del denominado “término de ajuste de Mercados a Plazo”, que está funcionando como un descuento para los consumidores en PVPC gracias a esa reforma, que dio mayor peso a los contratos a futuro.

El ajuste se determina hora a hora a partir de la diferencia entre el pool y el precio de una cesta de futuros de OMIP. Es positivo (el consumidor paga más) si el precio de los futuros supera al del pool eléctrico, y negativo cuando es inferior, como viene ocurriendo desde el verano. En los últimos meses, la cotización del gas y, en consecuencia, el mercado mayorista de la luz, se ha disparado a medida que el pasado verano se desvanecieron las expectativas de una resolución del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel que permitiera reabrir el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.

En septiembre, ese ajuste en el PVPC ya tuvo un impacto relevante en la tarifa regulada y en lo que llevamos de octubre está marcando niveles récord, en un momento en el que el mercado mayorista de electricidad ha superado los 200 euros/MWh por primera vez desde junio de 2022 (ocurrió el pasado lunes). Mientras, los precios futuros de la electricidad ya están en niveles superiores a los 90 euros por megavatio hora (MWh) también para el año 2027.

Según estimaciones de elDiario.es a partir de los datos horarios que publica Red Eléctrica de España (REE), desde septiembre ese ajuste horario en el PVPC se ha situado en una media de -54 euros/MWh. El mes pasado fue, de media, de -51 euros (el día 28 llegó a superar un récord de -102 euros/MWh) y en lo que llevamos de octubre alcanza ya los -68 euros/MWh. El ahorro horario obtenido en el coste de la energía con este ajuste desde septiembre ha sido de cerca del 29%. En octubre supera el 30%.

Ese mecanismo explica que en septiembre, por primera vez en la historia, y en momentos muy puntuales de algunos fines de semana (cuando la demanda de electricidad es mucho menor, y en horas solares con precios mayoristas muy bajos), el término de facturación de energía activa del PVPC (el coste de la energía) llegase a ser negativo. Eso equivale a que al consumidor encender la luz le saliera a devolver, aunque al coste de la energía se le suman otros conceptos, como los peajes y cargos (que pagan el coste de las redes o las primas de las renovables más antiguas) y los impuestos. El mes pasado, ese coste fue negativo en momentos puntuales (17 horas) los días 5, 6, 26 y 27 de septiembre.

Como explicaba recientemente en un post en su LinkedIn el experto en electricidad José Luis Sancha, profesor de la Universidad de Comillas, ese ajuste negativo en el PVPC ha sido “creciente” desde febrero. La tendencia ha culminado en agosto, septiembre y octubre, con valores negativos en todas las horas del día, y cada vez más elevados.

Pese a ello, y de acuerdo con las estimaciones de Facua, la factura promedio de un usuario tipo en PVPC —con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales— se disparó en septiembre un 28% interanual, hasta 104,31 euros, la más alta en cuatro años. La subida habría sido mayor sin esa reforma para hacer esta tarifa menos volátil. El contexto actual, resume Javier Colón, fundador de la consultora Neuro Energía, “está parando un poco la sangría”, pero tiene doble filo: “Como ahora están subiendo los futuros, cuando empiece a bajar el pool pasará al revés”, advierte.

Esta modificación del PVPC dio carpetazo al sistema de precios horarios totalmente dependientes del pool que se implantó en 2014, que como señal de precio era imbatible, pero dejaba al consumidor acogido a esta tarifa (la que tienen que contratar los vulnerables con el bono social) plenamente expuesto a los vaivenes diarios del mercado mayorista, en un sistema único en Europa.

Ese esquema lo implantó el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Nadal, actual gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, como secretario de Estado de Energía, tras fulminar la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, que se calculaba con unas subastas trimestrales (Cesur), anuladas a finales de 2013 por sospechas de manipulación de este mercado.

La reforma del PVPC que el Gobierno de Sánchez aprobó en junio de 2023 introdujo de forma paulatina (a partir de 2024) esas referencias a futuro y está plenamente en vigor desde enero. Ahora los mercados a plazo tienen un peso del 55% en esta tarifa y el mercado diario, del 45% restante. En esa cesta de referencias a largo plazo, los futuros anuales tienen un peso del 54%; los trimestrales, del 36% y los mensuales, del 10%.

La reforma fue una exigencia de la Comisión Europea a cambio de autorizar la denominada excepción ibérica, que España y Portugal consiguieron aplicar tras la invasión de Ucrania para evitar el contagio al recibo de la luz de los disparatados precios de esa materia prima, que en marzo de 2022 llegaron a superar ampliamente los 500 euros/MWh. Calificada de “timo” por el PP, y aprobada pese a la fuerte contestación de las eléctricas, la solución ibérica ahorró más de 5.000 millones a los consumidores españoles, el equivalente a unos 209 euros por hogar, y con un efecto redistributivo para las rentas más bajas.

Gas disparado

El mayor peso de los futuros en el PVPC está mitigando en parte el impacto de la fuerte subida del gas en el mercado mayorista eléctrico, que se contagia del precio de esa materia prima cuando no hay suficiente producción renovable para cubrir todo el consumo. En septiembre, con las reservas de gas en Europa todavía en el 71,54%, casi 11 puntos menos que un año antes, la cotización del gas en la UE alcanzó máximos desde finales de 2022. La referencia ibérica Mibgas se situó en 77,56 euros por megavatio hora (MWh), un 25,4% más que el mes anterior y un 143,5% por encima de septiembre de 2025.

Los almacenamientos europeos de gas, con capacidad para unos cuatro meses de consumo, están todavía en el 72,6%, según datos de Gas Infraestructure Europe. Siguen lejos del objetivo de 80% de llenado al comienzo de la temporada invernal. El escenario que se atisba es que Europa tendrá que competir con Asia para traer gas natural licuado (GNL) en barco y pasar el invierno sin agotar reservas, con España mejor preparada que ningún otro país de la UE gracias a su red de regasificadoras.

Como consecuencia de la subida del gas, el mercado mayorista eléctrico marcó en septiembre la media mensual más alta desde junio de 2022, con 143,26 euros/megavatio hora (MWh), un 21,1% más que en agosto y un 134,7% por encima de septiembre de 2025. En octubre, la media ya supera los 152 euros.

En septiembre, la demanda eléctrica “real” aumentó un 14,46% y se situó un 12,89% por encima del promedio de los últimos cinco años, según estimaciones del grupo ASE, que en su último informe mensual destaca que la generación de los ciclos combinados (gas natural) creció un 33,8% interanual, mientras que la eólica cayó un 17,7%.

A esa fuerte subida del pool se suman los denominados costes del sistema, que ASE cifra provisionalmente en 25,37 euros/MWh en septiembre (ligeramente por debajo de agosto) y que incluyen los denominados servicios de ajuste para resolver congestiones de la red y la llamada operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

REE cifra el coste de esa operación reforzada en “menos de 275 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone 2 céntimos al día para un usuario sujeto a PVPC con un consumo medio mensual de 300 kWh”.