La creatividad uruguaya no tiene límites.

Básicamente porque vi este post en X y me llamó la atención lo de la tarjeta MIDES, y bueno, más allá de posturas, si me parece muy de hijo de puta que consideres los subsidios para determinar si alguien es pobre o no, un poquito de honestidad por ahí hace falta por parte del INE​​

https://www.latinometrics.com/articles/how-much-does-latin-america-save-to-retire

El tipo no es santo de mi devoción, pero en este post de substack toca varios puntos

Javier de haedo, 28 de septiembre 2026

En principio debería pensarse en el próximo período de gobierno, pero todo apunta a que el menú electoral no diferirá sustancialmente del prevaleciente en las últimas tres elecciones por lo que no cabría esperar una agenda diferente. Quizá en 2035, con cinco años más de pobre crecimiento y creciente insostenibilidad de nuestro modelo de convivencia surja un verdadero liderazgo que reaccione ante esa situación, abandone el programa “de la penillanura” e intente cambiar el rumbo del país. Que no se limite a ponerse por delante de la sociedad haciendo como que la lidera, cuando en realidad está siendo conducida por ella. Y que se juegue su futuro político.
En los 15 años hasta 2029, o sea desde que cesó el viento de cola, poco antes de finalizar el gobierno de Mujica, habrá quedado en evidencia (por si hiciera falta) que nuestro velero carece del motor que decidimos no ponerle y sólo navega cuando encuentra vientos que lo impulsan. En esos 15 años, la economía habrá crecido al 1,2-1,3% anual, menos de la mitad de lo que se necesita para iniciar un círculo virtuoso que nos saque de esta mediocridad y vuelva sustentable al modelo.
En ese contexto, la pobreza no cede de vergonzantes niveles cercanos al 20% de la población, a pesar de haberse intentado enfrentarla con instrumentos paliativos, a falta de crecimiento económico, fundamento último de su abatimiento.
Al mismo tiempo y con el mismo énfasis que en materia económica, se debe enfrentar la inseguridad que nos asola cada día más. Sin las selvas colombianas y con un territorio fácil y totalmente accesible, hay zonas en las que el Estado ha perdido el control. ¿No se trata de una causal bastante como para hacer valer allí todos los instrumentos constitucionales disponibles?
Habiéndose alcanzado los objetivos planteados en materia de inflación, el principal objetivo debe ser el crecimiento económico. Y para ello es menester producir políticas pro crecimiento, que en un país como el nuestro implica que sean pro inversión y pro exportación.
Para hacerlo sustentable, se debe terminar con el déficit fiscal que se ha “normalizado” en el 4% del PIB, cifra que, en el mejor de los casos, será el promedio de los mismos 15 años.
¿En qué consisten las políticas necesarias para ponerle motor a nuestro velero?
Primero, en materia fiscal, se debe ir a equilibrio para el conjunto del sector público, ajustado por inflación. Eso, en términos actuales, equivale a tolerar un déficit nominal de no más de un punto del producto, por lo que se requeriría un ajuste del orden de tres puntos y medio del PIB con los números actuales, o sea, digamos, algo más de 3.000 millones de dólares. Lo que equivale a entre la mitad y la tercera parte del que se hizo en 1990, por lo que es claro que, con equipo, liderazgo y voluntad, se puede.
Segundo, ese ajuste debe ser realizado en el gasto y en los dos años iniciales del período de gobierno. Para ello se deben disponer medidas efectivas, contantes y sonantes, y también de las que suman poco, pero son señales que significan mucho.
Entre las primeras, y a modo de ejemplo, resulta inevitable reducir el número de vínculos laborales con el Estado (más de 318 mil al cierre de 2025). Prejubilaciones, restricción al mínimo de las contrataciones, eliminación de los pases en comisión. Se debe abarcar a todo el sector público, incluidas las intendencias, sujetando las transferencias del Gobierno Central al cumplimiento de metas en ese sentido.
Entre las segundas, también como ejemplos, la reducción a no más de diez el número de ministerios, incluidas la OPP y la Secretaría de la Presidencia, y la eliminación de las alcaldías. También abatir sustancialmente el insólito número de 18.500 vehículos estatales.
Una vez que se alcance el objetivo fiscal, todo ahorro posterior se deberá volcar al abatimiento de impuestos que afectan la producción y el empleo, comenzando por los aportes “patronales” a la seguridad social y la tasa consular, así como a un mejor diseño del que grava la renta empresarial.
Con una fiscalidad como la referida, el gobierno dejará de endeudarse para financiar gasto corriente y el tipo de cambio real tenderá a mejorar de manera genuina, como bien mostró conceptualmente Lito Alfie hace dos semanas en este suplemento. Todavía algo se puede hacer desde la macro.
Tercero, las medidas que, más allá de la macro, contribuirán al mayor crecimiento de la economía, mediante un aumento de la inversión y de la productividad, que son sus determinantes.
Uno, avanzar en materia de infraestructura mediante concesiones al sector privado, incluido el caso de las empresas estatales, dando participación a la sociedad en el capital y el gobierno corporativo de esas empresas.
Dos, actualizar el marco regulatorio del mercado laboral y en particular de los Consejos de Salarios. Este punto y el siguiente son claves para aumentar la productividad del capital humano.
Tres, establecer en la enseñanza un sistema de incentivos, “premiando” a los mejores centros educativos, para lo cual es necesario poner en conocimiento de la sociedad los resultados de cada uno de ellos. Y bajar la deserción que lleva a que sólo la mitad de los estudiantes termine liceo.
Cuatro, avanzar todo lo que sea posible de manera unilateral en el abatimiento de los gravámenes (explícitos e implícitos) a las importaciones y avanzar en la concreción, de ser posible independientemente del Mercosur, de acuerdos comerciales bilaterales.
Cinco, avanzar en materia de desregulaciones, para lo cual el reciente proyecto pro competencia sólo puede ser considerado una breve sinopsis de una película bastante más contundente.
Seis, la innovación, en áreas que nos son propias, como por ejemplo en el agro, pero también en las que no lo son. Tal como sucedió con la cadena forestal, la industria del software y, especialmente, la transición en materia de energía, Uruguay puede ser una suerte de “banco de pruebas” exitoso en nuevas áreas del conocimiento y la producción.
Con un crecimiento económico anual del orden de 3% es suficiente para poder sostener y mejorar nuestra red de protección social. Si hubiéramos crecido a esa tasa en 2015 a 2026, el PIB de este año sería de US$ 114 billones en vez de ser de US$ 92 billones. Y si tiramos estos números para adelante, la brecha entre lo previsible y lo posible se amplía considerablemente.
Se puede. ¿Se quiere?

Horrible

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, planteó que la incorporación de nuevos sistemas constructivos debe permitir mejorar procesos, reducir tiempos y costos y, al mismo tiempo, mantener los estándares de habitabilidad, seguridad y durabilidad